Al pie

Este proyecto del diputado Francisco Sánchez (PRO/NQN) dispone que solamente puedan ser declaradas obligatorias las vacunas aprobadas en forma definitiva de acuerdo a los mecanismos ordinarios de control de calidad, seguridad y eficacia que establece la legislación nacional. Cualquier medida en contrario es nula.

Sobre el certificado de vacunación, que acredita el cumplimiento del Calendario Nacional de Vacunación, prohíbe que se lo exija para otros casos que los expresamente mencionados en la ley, y penaliza la conducta de cualquier persona que lo pida con un fin distinto. Para esto agrega y modifica diversos artículos en la ley 27491 de control de enfermedades prevenibles por vacunación y en la ley 27573 de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19.

El proyecto busca así impedir que la vacuna contra el COVID-19 sea declarada obligatoria mientras no obtenga su aprobación regular definitiva y prohibir la exigencia de los llamados "pasaportes sanitarios" que acrediten la vacunación contra el COVID-19, previniendo así posibles conductas discriminatorias y limitaciones ilegítimas a derechos constitucionales.

Como garantía, se reconoce a todas las personas el derecho a recurrir a la vía judicial ante el incumplimiento de lo mencionado anteriormente.

También establece que toda información individualizada contenida en el Registro Nacional de la Población Vacunada Digital, así como de los listados de personas vacunadas contra el Covid-19 es privada, de modo que solamente deberá ser brindada a requerimiento del Poder Judicial o de los sistemas de control previstos legalmente.

El proyecto es acompañado por los diputados Martín Grande, Alberto Assef, Héctor Stefani, David Schlereth y Jorge Enríquez.