De qué se trata...

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?.

La protección de los humedales se ha vuelto un tema muy importante en la agenda ciudadana y por lo tanto la parlamentaria, debido a los incendios que se han desarrollado en los últimos meses en el Delta del Paraná. Estos han dejado al descubierto una problemática importante: no hay una normativa específica que se encargue de regular el uso y asegurar la protección de los humedales, los cuales representarían un 21,5% de la superficie total del país. Ya hay alrededor de 7 proyectos de ley presentados en ambas Cámaras. En DeQuéSeTrata, te explicamos los 4 proyectos de ley más relevantes de la Cámara de Diputados y los comparamos entre sí para ver sus diferencias. 

 

PUNTOS CLAVE:

 

INVENTARIO NACIONAL DE HUMEDALES

El Inventario Nacional de Humedales deberá delimitar, caracterizar, y reconocer el estado de conservación e integridad de los humedales, conteniendo información accesible que permita su ubicacioón, identificación y caracterización en cada una de sus niveles, como así también determinar las amenazas que pesan sobre los mismos.  A su vez, deberá ubicar y caracterizar los humedales en cada una de las escalas, identificar sus servicios ecosistémicos y caracterizar las actividades que se realizan en ellos.

Según el diputado Leonardo Grosso, el inventario debe contemplar 4 niveles de humedales. Establece para la elaboración de los niveles 2 y 3 un plazo de 5 años, a partir de la entrada en vigencia de la ley, y para el nivel 4 la autoridad de aplicación, junto a un Consejo Asesor del Gabinete Federal de Humedales, fijará un plazo razonable para su confección. 

Tanto Brenda Lis Austin como Maximiliano Ferraro prevén un plazo de no mayor a dos años para que la autoridad de aplicación nacional confeccione el inventario, especificando que la actualización del mismo se debe dar en un periodo no mayor a cinco (5) años. Ambos coinciden en incluir una partida presupuestaria destinada a la elaboración y actualización del inventario. 

Mientras que la diputada contempla la elaboración de 3 niveles de categorización, Maximiliano Ferraro establece la identificación de los mismos en dos niveles, con la posibilidad de agregarse un tercer nivel.

Por último, la diputada Camaño especifica que la elaboración del mismo será interjurisdiccional e interinstitucional, su plazo de elaboración no podrá ser mayor a 3 años y, al igual que los anteriores, establece una categorización de 3 niveles de humedales y una periodicidad de actualización que no supere los 5 años. 

 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE HUMEDALES

A partir del mismo se establecen los presupuestos mínimos de conservación de los humedales, siguiendo el modelo establecido por la Ley General de Ambiente y la Ley de Protección de Bosques Nativos. 

Las categorías de conservación son contempladas en los proyectos de los diputados Ferraro, Lis Austin y Camaño. Se establecen 3 categorías, las cuales se clasifican según los colores rojo, amarillo y verde y sus respectivos nombres (Austin y Ferraro comparten las mismas denominaciones de ärea de preservación para el color rojo, la de gestión de recursos que es la amarilla y la de usos múltiples que es el area verde). La diputada Camaño, a su vez, elabora las siguientes categorías: -Preservación. -Restauración. -Manejo sostenible. En general, todos los diputados (excepto Grosso que no menciona las categorías), definen a la primera categoría como sectores de alto valor de conservación que no deben transformarse aunque podrían ser objeto de investigación científica y uso sostenible por parte de poblaciones locales. La segunda categoría es definida por los diputados   como áreas con humedales con bajo grado de modificación, en las cuales se admiten actividades de bajo impacto (turismo sostenible, educación ambiental, subsistencia, deporte de bajo impacto, apicultura, ganadería de islas). Por último, la tercera categoría comprende sectores donde actualmente se realizan actividades económicas en las cuales el uso del suelo observará buenas prácticas, procurando mantener los servicios ecosistémicos. Estas áreas admiten actividades extractivas y de producción intensiva.

Los diputados Lis Austin y Ferraro especifican ciertas prohibiciones en las áreas categorizadas como Roja y Amarilla, tales como actividades u obras que impliquen el dragado, drenado, quema, relleno de los humedales, ni la disposición de tierra o escombros. A su vez, prohíben en los humedales la liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza y origen, incluyéndose las fumigaciones aéreas y terrestres.

Todos los diputados, a excepción de la diputada Camaño, fijan que las provincias y la CABA deberán elaborar el Ordenamiento Territorial de los Humedales, generalmente a través de un proceso participativo y abierto, luego de la creación del Inventario Nacional. 

 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Tres de los cuatro diputados, a excepción de Camaño, determinan que previo al otorgamiento de autorizaciones para la realización de cualquier obra o actividad de impacto significativo en los humedales, se requerirá tanto una Evaluación de Impacto Ambiental como una Evaluación Ambiental Estratégica.

 

FONDO NACIONAL DE HUMEDALES

Todos los diputados disponen la creación de un Fondo Nacional de Humedales, el cual busca compensar a las jurisdicciones que conservan los humedales y sus servicios ecosistémicos, mediante la protección y el uso racional y sostenible de aquéllos. El mismo será administrado por la Autoridad de Aplicación Nacional, y estará integrado por las sumas que le asigne el Presupuesto General de la Nación. Los diputados aclaran que estas no podrán ser inferiores al 0,3% del presupuesto nacional, mientras que la diputada Camaño fija este monto en un 0,5%. 

 

SANCIONES

Los cuatro diputados establecen sanciones al incumplimiento de la ley, tales como apercibimientos, multas, revocación de autorizaciones, suspensión de matrículas profesionales, el cese definitivo de la actividad, entre otras. El que se diferencia es el proyecto de Leonardo Grosso, ya que es el unico de los legisladores que menciona la pena de prision de dos a seis años para todo aquel que envenenare, adulterare, incendiare, emitiere radiaciones o ruidos, arrojare contaminantes en el suelo, atmosfera o el agua, destruyendo o de cualquier modo dan?ando significativamente, en todo o en parte, humedales, cuando se encontraren legalmente protegidos. Si del hecho derivare la muerte de alguna persona, la pena sera? de diez (10) a veinticinco (25) an?os de reclusio?n o prisio?n.

 

                                                          

¿QUÉ OPINAN LOS ACTORES DE LA SOCIEDAD CIVIL?

 

Jóvenes por el Clima 

“El reclamo por una ley nacional de humedales es una lucha histórica de la sociedad que se ha visto obstaculizado de manera sistemática por los diversos lobbys que se enfrentan a la ley. Este debate se da en el marco de los incendios en el Delta del Río Paraná (zona de humedales). El gobierno de la provincia de Entre Ríos no otorga autorizaciones de quemas desde diciembre. En julio la justicia federal de Entre Ríos prohibió las quemas de pastizales. Aun así, las quemas continúan. Según el especialista Alberto Seufferheld y la utilización de imágenes áreas, se considera que ya se quemaron 90 mil hectáreas en la tercera zona más poblada de Argentina. Así afirmaba el grupo ambientalista joven en su red de Instagram el 3 de agosto. Asimismo, declaraban en otro posteo el 4 de julio de este año, que “El avance de la actividad agropecuaria, la minería y los proyectos inmobiliarios de las últimas décadas tuvieron efectos devastadores sobre los humedales. Luchar por una ley de humedales, no es solamente abogar por un modelo productivo que proteja a la biodiversidad y a los ecosistemas naturales, sino que también implica comenzar a priorizar las condiciones de vida de las grandes mayorías por sobre las ganancias de unas minorías. Los humedales amortiguan los efectos de las inundaciones que como bien conocemos, muchas veces suelen ser devastadores en términos sociales, humanitarios y económicos. Es hora de que se cambie este sistema que beneficia a unos pocos y condena al resto. Las prioridades TIENEN que cambiar y por sobre todo cristalizarse en leyes y políticas de estado concretas y efectivas. Necesitamos una ley de humedales YA.”

Fuente: @jovenesporelclimarg

 

Entidades Productivas

La Coordinadora de Entidades Productivas de Corrientes, que integran entidades de la producción de esa provincia, expresó su rechazo a la sanción de una ley sobre "Presupuestos Mínimos para la Conservación, Protección y Uso Racional y Sostenible de los Humedales" a partir de proyectos presentados en el Congreso.

"Queremos poner de manifiesto que no queda claro cuál es el aporte normativo de los proyectos de ley o qué problemas concretos pretenden proteger y regular, que ya no fueran exigibles por otras normas nacionales y provinciales que regulan las cuestiones ambientales, uso de las aguas, autorizaciones para obras, etc. en consonancia con la Ley Nacional General del Ambiente Nº 25.675", dijeron las entidades en un comunicado.

"En efecto, si hay algo que resulta preciso y con amplias coincidencias, es que no existen evidencias objetivas que demuestren algún daño provisorio o irreparable sobre los Humedales de Corrientes, no obstante convivir con actividades productivas y culturales desde hace más de 300 años; suficiente motivo para expresar que no se aprecian razones o motivos que justifiquen una legislación restrictiva de la magnitud de la pretendida por los proyectos en cuestión", agregaron.

De acuerdo a las entidades, los proyectos “poseen una mirada sesgada sobre el ambiente, ya que se ocupan exclusivamente de lo natural, en desmedro del hombre y sus necesidades", "no hacen referencia al "Documento Diagnóstico sobre Humedales" que justifique la sanción de una ley." Asimismo, precisan que se incluye en las definiciones de humedales conceptos muy amplios que “conllevan a incluir erróneamente grandes planicies anegables y valles totalmente productivos.”

Por otra parte, entre otros puntos sostienen que "no contemplan a la ganadería actual de modo explícito, ni las actividades productivas preexistentes", "limitan las obras de infraestructura pública y privada y no proponen criterios de aprobación de las mismas o los dificultan de tal manera, que los transforman en difíciles de materializar".

Declaran que si se decide avanzar reclamarán "un debate amplio de la cuestión, que todas las partes involucradas/afectadas puedan ser escuchadas, que se privilegie en el análisis de la cuestión un criterio científico apoyado en un estudio previo que demuestre los daños que se pretenden remediar, que se respeten las autonomías y jurisdicciones provinciales, así como el principio constitucional de razonabilidad, que los proyectos ingresados sean girados a las comisiones parlamentarias de agricultura y ganadería, y las demás que resulten pertinentes".

Fuente: La Nación