Editorial

El sorteo del sueldo de Javier Milei, que se realizará el próximo miércoles desde Mar del Plata y convocó hasta ahora a más de 700.000 inscriptos, se convirtió en un hecho político de altísima significación porque tensiona con prácticas arraigadas y verdades de siempre, invitando a la opinión pública a cuestionarlas. 

La movida, que cumple con bombos y platillos una promesa de la campaña del recién asumido diputado nacional, expone por primera vez al gran público el sueldo de los legisladores, rompiendo un código de opacidad que ha sido respetado casi sin fisuras por diputados y senadores de todos los colores políticos. Hay excepciones, como la de quienes publican sus recibos de sueldo en Internet o los que muestran una fotocopia en los estudios de televisión cuando las papas queman, pero no son acciones con la penetración de este sorteo.

La novedad en este caso es que parece haber puesto en tela de juicio, queriendo o sin querer, cuánto valora la sociedad el trabajo de los políticos; qué precio le ponemos al aporte que realizan, particularmente con su labor legislativa.

Y algo más: cuánto tiempo los necesitamos trabajando en eso, que es la pregunta que subyace siendo que Milei sortea su dieta porque alternará la actividad de despacho con sus trabajos de siempre. ¿En serio los requerimos abocados al asunto público las 24 horas de los 7 días de la semana?, ¿o eso es pagarles por el tiempo de rosca y militancia, que son más un gusto que una necesidad?

La respuesta se teje sola y zamarrea al sistema, he aquí la bomba de Milei: si no los necesitamos jornada completa, podrán usar el resto del tiempo en sus quehaceres privados, lo que de paso nos aseguraría que no tengan en la dieta su principal motivación (mejor promover ideales más elevados para hacer política) y que no alejen los pies de la tierra (una inmejorable garantía de sentido común y criterio de realidad). ¿Negocio redondo?

Como sea, se trata de tópicos importantes que necesitamos abordar sin demagogia: los legisladores no son nuestros empleados y la representación no espeja una relación laboral sino que traduce un fenómeno de derecho público, más político que jurídico, que está perfecto problematizar.

Mención aparte merece la posición incómoda en la que quedaron los demás legisladores, empujados a defenderse con el silencio, porque si abrieran la boca serían automáticamente identificados como miembros de la casta política celosos de sus privilegios, comprobando la tesis de Milei. Un triunfo en su batalla cultural.

Es lo que le pasó a la diputada Sabrina Ajmechet, que embutió en un tuit un argumento remanido: o se paga bien a los funcionarios públicos, o la función pública será patrimonio exclusivo de los ricos. Idea inconvenientemente progresista para una polla de Patricia Bullrich.

Desde casi siempre se dijo que las sociedades pagan buenos sueldos por los cargos públicos para asegurar su cobertura, porque cumplen funciones indispensables para la vida en común. 

¿Cuáles de las funciones de los legisladores del siglo XXI consideramos realmente indispensables?, ¿los necesitamos, para cumplirlas, con dedicación exclusiva?, ¿cuánto pagaríamos por ellas? Son algunas de las preguntas que el sorteo de Milei nos deja para pensar.