Editorial

La discusión sobre la extensión o no del protocolo de sesiones virtuales que por estos días tiene trenzados al oficialismo y la oposición en la Cámara de Diputados de la Nación, no es, como puede parecer, un asunto exclusivo de la política, sino que entraña varios aspectos que atañen sensiblemente a la sociedad en general.

Lo más preocupante es la desconfianza de los distintos sectores políticos entre sí, que se traduce sobre todo en las declaraciones de la oposición y culmina en su propuesta de extender de vez en vez el estatuto de reuniones virtuales, atado al temario de cada sesión, que es casi lo mismo que no llegar a ningún acuerdo. 

Efectivamente, habiendo pasado ya algo de agua bajo el puente de las sesiones telemáticas, los cuestionamientos, que al principio eran casi exclusivamente referidos a la herramienta (conectividad, autenticación, etcétera), ahora se dirigen al uso que el oficialismo político hace de ella (concesión de la palabra, “muteo de micrófono”, registro de votos y, sobre todo, introducción de temas ajenos a la crisis sanitaria derivada del brote de COVID-19).

Debemos haber pasado alguna línea roja no muy delgada, porque la práctica parlamentaria suele más bien legitimar como “picardías” los ole al Reglamento, que no se interpreta (ni cumple) justamente con ortodoxia.

La desconfianza es una actitud inherente a la política, eso es cierto: los políticos son desconfiados y generan desconfianza. Pero desconfianza de intenciones, de sus sentidos ocultos durante la negociación. Acá parece que se trata de desconfianza en el cumplimiento de los acuerdos alcanzados. Tal vez esa sea la línea roja.  

En segundo lugar, es bueno recordar que las reglas de juego están puestas para regular la compulsa de poder y que no es conveniente que los mismos jugadores, aún pudiendo hacerlo, siquiera las cambien, menos que menos para la partida en curso. Esto así porque, en definitiva, esas reglas estipulan la manera como han de alcanzarse acuerdos y tomarse decisiones que serán obligatorias para la sociedad general, que afectarán sus derechos y limitarán sus libertades.

Ni que hablar si la interpretación de la división de poderes termina siendo un parcelamiento en territorios exclusivos, como que el Congreso puede hacer lo que quiera con su reglas de funcionamiento, incluso trampa, que total la Justicia no se mete.   

En este caso puntual, la regla es clara y una cosa cosa es modificarla y otra incumplirla: caído el acuerdo de excepción, rige el Reglamento; por lo tanto, la única modalidad válida de sesiones es la presencial. A contramano de esto, cualquier reunión no presencial es inválida, al igual que todas las decisiones que en ella se tomen. 

Por último, hay otra forma de la integridad de los políticos, de su ser de fiar, que están poniendo en juego los diputados y los senadores: la valentía. Es verdad que el coronavirus acecha ahí fuera, pero ¿qué función hay más esencial que la de gobernar? 

Una de las alarmas encendidas advierte la posibilidad de que se busque una extensión de hecho de las sesiones virtuales para tratar el presupuesto y el impuesto, así que no solo corre riesgo la salud de las personas; también la salud de la democracia: ¿qué razón más digna para poner el cuerpo?